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La Nación

ONU, alarmada por la ‘terrible tendencia’ de asesinato de líderes

En los primeros 13 días de 2020 asesinaron a diez. En el 2019 fueron 107 las víctimas.

El asesinato de líderes sociales es una tragedia a la que hay que ponerle freno de inmediato. Cada mañana, el país se despierta con un crimen nuevo en donde el patrón es más o menos similar: pistoleros buscan a sus víctimas, algunas de ellas incluso en sus propias casas, y les disparan a sangre fría. En ocasiones, delante de sus seres queridos.

El número varía según las fuentes. En apenas dos semanas de este año, algunas organizaciones hablan de 18 muertos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene, según información preliminar, los datos de 10 personas a quienes les han quitado la vida.

El drama para la ONU es de tal dimensión que lo califica de “terrible tendencia”.

La Misión de Verificación ya lo había advertido al Consejo de Seguridad del organismo durante sus últimos informes. Pero, esta vez fue la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que preside la chilena Michelle Bachelet, quien al hacer el balance de lo ocurrido entre 2019 y 2020, mostró su intranquilidad por el “significativo” número homicidios.

El año pasado, en los registros de Naciones Unidas aparecen 107 activistas asesinados. El organismo está revisando otros 13 casos, lo que podría aumentar a una escalofriante cifra: 120. En 2018 “ya se habían intensificado” los asesinatos cuando hubo 115 asesinatos

Por esta razón hacen un llamado al presidente Iván Duque para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales”.

Además le piden “investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones” y, además, le dicen que esa “violencia e impunidad debe detenerse”.

Según la ONU, de los 107 casos registrados de 2019, el 98 por ciento sucedieron en municipios donde operan grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas. Y el 86 por ciento, fueron en veredas con una tasa de pobreza por encima del promedio nacional.

Más de la mitad de los homicidios fueron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos”, diagnostica Naciones Unidas.

En el informe dice que esta escalada criminal “es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.

Esta oficina explica que entre las causas de la problemática, además del las economías ilícitas, está la llegada de los grupos ilegales a los territorios que dejó las Farc tras el proceso de paz con la administración Santos. Por eso, habla de los “continuos desafíos” en la implementación del Acuerdo de Paz.

Sobre este punto precisa la urgencia “del desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo” y buscar “la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas”.

De hecho, el responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó hace unos días al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada “sigue amenazando la consolidación de la paz”.

Las medidas del Gobierno

Si bien reconocen avances del Estado en la protección de los líderes, la oficina de Bachelet insta al Gobierno para frenar esa “tendencia” de crímenes. Se trata de un desafío enorme. Hace unas semanas, el Ejecutivo presentó una política pública que tiene como propósito prevenir y proteger la vida y los derechos de los líderes.

El plan fue elaborado con 370 activistas de 17 departamentos, lo que permite, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “tener una política basada en la experiencia personal de los líderes, los riesgos que corren en razón de su labor y las iniciativas para hacerles frente de manera efectiva”.

El jueves de la semana anterior, el presidente Duque, al hacer un balance de la situación dijo que “hay que avanzar todos los días en que la reducción (del número de crímenes)” hasta “llegar a cero, porque rechazamos esa tragedia”.

‘Se han alcanzado resultados sin precedentes’

EL TIEMPO le hizo 5 preguntas a Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía.

¿Qué radiografía tienen sobre estos crímenes?

Desde 2016, la Fiscalía desarrolla una estrategia de investigación y judicialización que ha permitido que se alcancen resultados sin precedentes en relación con el avance de esclarecimiento de estos hechos. Entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía investigó un total de 592 homicidios reportados por la ONU, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria.

Para este período, la ONU reportó 365 crímenes de defensores, de los cuales el 75,34 % ocurrieron en 11 de los 32 departamentos del país. Cauca (59 víctimas) y Antioquia (53 víctimas) concentran el mayor número de casos, seguidos de Norte de Santander (32 víctimas), Valle del Cauca (26 víctimas) y Caquetá. Además, el 67,40 % de estos 365 casos se presentaron en zonas rurales.

¿Cómo han avanzado las investigaciones?

Frente a estos casos tenemos una metodología especial que incluye la activación de unidades itinerantes con la capacidad de desplazarse a cualquier lugar del país para atender los homicidios, un mecanismo de asociación de casos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas de las seccionales y la expedición de directrices precisas para la investigación.

¿Qué resultados hay?

En general, del universo de 592 homicidios, 256 (43,24 %) se encuentran con avance de esclarecimiento. De manera particular, sobre el total de homicidios reportados por la ONU (365 víctimas) se tiene un avance investigativo en 191 hechos, que equivale al 52,32%, con los siguientes resultados: 54 casos con condena, 71 en juicio, 28 con imputación de cargos, 36 en indagación con orden de captura y 2 precluidos por muerte del indiciado. Se han vinculado 510 personas, de las cuales 211 están privadas de la libertad.

¿Quién está matando a los líderes?

En los casos reportados por la ONU es importante advertir que los homicidios son atribuidos a múltiples autores, que incluyen particulares (38,74%) y a organizaciones criminales (57,59 %), con los siguientes responsables: 31 víctimas atacadas por organizaciones criminales locales, 27 por disidencias de las Farc, 20 por el ‘clan del Golfo’, 16 por el Eln, 6 por ‘los Pelusos’ y 5 por ‘los Caparros’.

¿A qué atribuyen la diferencia de cifras entre las entidades?

La Fiscalía aborda la totalidad de homicidios denunciados, independientemente de la entidad u organización que lo reporta. Es posible advertir que la conceptualización sobre quién es defensor varía entre fuente de información y además su verificación en terreno es diferente, por esto la Fiscalía implementó una directiva en la que se abordan temas como el concepto de defensor con base en información de la ONU.

Fuente: El Tiempo

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Parejas que se divorcien por violencia intrafamiliar ahora pueden pedir indemnización

El cónyuge que logre demostrar que fue víctima de maltrato en su relación tendrá derecho a exigir una reparación económica, determinó la Corte Constitucional.

El magistrado ponente José Reyes Cuartas explicó, citado por Noticias Caracol, el cambio que se hará en los procesos de separación:

“Antes, si una pareja que se divorciaba quería alegar daños contra uno de ellos tenía que ir a un proceso separado de responsabilidad civil, y ahora lo que estamos diciendo es que el juez de familia puede acudir a un incidente de reparación para fijar y tasar los perjuicios”.

Para Reyes Cuartas, eso evita que el cónyuge —sea hombre o mujer— sufra una revictimización, porque antes de esta decisión estaba obligado a padecer “los ultrajes que justifican el divorcio y, además, ir a otro proceso”.

En ese sentido, la decisión del alto tribunal obliga a los jueces de familia a capacitarse en esta nueva regla porque ahora tendrán la facultad de ordenar dicha reparación al miembro de la familia que muestre pruebas sobre el maltrato que sufrió.

Es decir que esto se podrá decidir en el mismo proceso junto con la custodia de los hijos y su manuntención.

El origen de la decisión: una magistrada agredida

Reyes Cuartas basó su ponencia en la tutela que interpuso en 2017 la exmagistrada del Consejo de Estado Stella Conto Díaz, que sufrió maltratos por parte de su exesposo, Virgilio Albán Medina.

El magistrado señaló que las leyes civiles del país solo ordenan el pago de alimentos por solidaridad cuando la persona violentada es demasiado pobre, pero considera que “hay un gran vacío, porque en casos como este es posible demostrar la existencia de daños. En este caso está demostrado que hubo violencia, ultrajes y maltratos de palabra”.

En ese sentido, si los jueces de familia acuden al bloque de constitucionalidad y al sistema interamericano —específicamente a la Convención de Belem do Pará— podrán establecer que si hay daño, tiene que haber reparación, indicó El Tiempo.

Luego, se adelantará un proceso para fijar los perjuicios que la víctima sufrió por las violaciones a sus derechos fundamentales y determinar el monto. Por eso, en este caso deja de importar que la magistrada Conto tenga capacidad económica, y eso también vuelve importante este fallo.

Eso sumado a que todo se pueda hacer en el mismo proceso, pues a Conto, por ejemplo, le ha tocado acudir a varios tribunales. Primero, El Tribunal de Bogotá le negó la reparación, luego la Sala Civil de la Corte Suprema “amparó sus derechos concediéndole una pensión de alimentos. Esta decisión fue apelada por su exesposo y la Sala Laboral terminó revocando la obligación”, reseñó Semana.

Por eso la magistrada acudió a la Corte Constitucional para alegar que no se “necesita estar en la indigencia” para que las mujeres sean reparadas y logró una votación unánime.

El magistrado también se refirió a la creciente violencia doméstica contra las mujeres en Latinoamérica, que en muchos casos puede llegar hasta la muerte, pero la decisión también acoge a los hombres.

Por todo lo anterior, la Corte exhortó al Congreso a legislar en la materia y diseñar una política pública que permita reducir los índices de violencia doméstica.

Fuente: Pulzo

 

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La Nación

Estas son las reglas para devolver IVA a población vulnerable

Habrá una transferencia y se cruzarán datos para verificar beneficiarios, según proyecto de decreto.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda destapó el mecanismo que utilizará para hacer la devolución del IVA a la población vulnerable en las circunstancias específicas que estableció la más reciente reforma tributaria aprobada en diciembre pasado.

En la norma se habló de compensación, precisamente porque muchos expertos advertían de las dificultades para aplicar la medida a manera de devolución, con la cual se busca generar cierta equidad.

El beneficio es para que a la población con menores ingresos pueda tener un retorno de lo que pagan en impuestos al adquirir productos y así lograr que tengan disponibilidad de recursos para comprar otros artículos de primera necesidad.

Pero se controlará de forma estricta que el mecanismo no se convierta en un vehículo de fraude, utilizado por los que no tienen derecho. Esto es lo que contiene el proyecto de decreto.

1. Identificación de la gente que recibirá la devolución

Habrá una selección por entidades territoriales, priorizando departamentos y municipios según los niveles de concentración de pobreza, población total y cobertura de programas sociales. El registro del Sisbén será clave para identificar los hogares en niveles de pobreza y pobreza extrema, pero Planeación Nacional podrá establecer otros criterios de determinación de beneficiarios.

Una vez elaborado el listado, el Gobierno expedirá una resolución y establecerá el monto a entregar, basado en la disponibilidad presupuestal.

2. Transferencia

Según el proyecto de decreto, el sistema de transferencia que ya se adelanta con  programas como Familias en Acción o el Programa de Adulto mayor, sería utilizado también para esta devolución. Se realizará a nivel de hogar y en ningún caso, un hogar beneficiario de dos programas de asistencia a la población vulnerable podrá recibir doble reconocimiento de la compensación del IVA.

Si en un hogar hay dos beneficiarios de programas sociales y resultan incluidos en la lista de personas a las que les devolverán el IVA, se definirá a quien de los dos integrantes del hogar se le hace la transferencia.

3. Validación

Además de los cruces de bases de datos para establecer el listado de beneficiarios, habrá un esquema de validación, a fin de verificar si los beneficiarios conservan la condición socioeconómica con la cual obtuvieron la compensación del IVA.

Planeación Nacional será el encargado de hacer seguimiento al esquema de devolución, el cual podrá tener ajustes en el transcurso de su aplicación, si así fuere necesario.

‘Recorderis’: ¿de dónde viene la idea?

Durante los debates a la reforma tributaria del 2019, en medio de las protestas sociales que se estaban dando en ese momento, el presidente Iván Duque señaló que una de las tareas pendientes en Colombia era “quitarles la carga del IVA a las familias más vulnerables”.

La idea de devolver el IVA se ha planteado como un asunto de equidad, toda vez que el 10 % más pobre de Colombia gasta, en promedio 60.000 pesos en IVA, y el decil dos destina en promedio 90.000 pesos a ese impuesto a través de sus compras. La idea entonces es permitirles que una vez obtengan sus productos, les puedan devolver lo pagado en IVA, con lo cual tendrán disponibilidad de más recursos para adquirir otros artículos necesarios para su bienestar.

 Fuente: El Tiempo

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La Nación

Fiscalía abre investigación por declaraciones de Aida Merlano

Abrió de oficio una investigación por lo que Merlano dijo sobre su fuga y caso de corrupción.

En una declaración conjunta, el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, se refirieron a las investigaciones que se abrieron a partir de las declaraciones que la excongresista Aida Merlano le dio la semana pasada a Vicky Dávila.

El fiscal Barbosa aseguró que el ente acusador abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones que Aida Merlano entregó a un medio de comunicación. Esto, para esclarecer los hechos en los que ella habla de quiénes estuvieron supuestamente detrás de su fuga -mencionando a integrantes de las familias Gerlein y Char, de la costa- y en donde además se refiere al caso de corrupción por el que fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

Barbosa también dijo que en la Fiscalía se adelantan indagaciones contra más de 15 personas dentro de las cuales están concejales, exconcejales, policías y la entonces representante a la Cámara Lilibeth Llinás, así como contra el empresario Julio Gerlein. Esas indagaciones, dijo, surgieron como consecuencia de la compulsa de copias que la Corte hizo en la condena de 15 años contra Merlano por corrupción electoral.

Tanto el Fiscal Barbosa, como el magistrado Alarcón se refirieron a las dudas que surgieron sobre por qué, mientras la Fiscalía General se negó a enviar fiscales a Venezuela para escuchar el testimonio de Merlano en ese país, la Sala de Instrucción de la Corte -por el contrario- ordenó buscar el testimonio de la excongresista a través de una videoconferencia, en medio de la investigación que abrió contra el senador Arturo Char por la fuga de la exparlamentaria.

El Fiscal dijo que hay un acuerdo entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en cuanto a que no se enviarán funcionarios judiciales “de ninguna clase a territorio venezolano”.

Frente al tema, el magistrado Alarcón aseguró que “entre la Fiscalía y la sala que él preside existe el mayor entendimiento y colaboración armónica para desarrollar cada uno sus investigaciones”.

Dijo que, por eso, les pareció conveniente aclararle a la opinión pública que, por un lado, la Fiscalía adelanta procesos bajo la ley 906 del 2004 en donde recopila y asegura información, evidencias y elementos materiales probatorios que después llevará ante un juez en el escenario del juicio oral. En cambio, dijo, la Corte adelanta procesos con la ley 600 del año 2000, y que en ese caso el alto tribunal “sí practica pruebas tanto a nivel nacional como internacional, pruebas que permanecen vigentes durante toda la fase procesal, incluso antes del juzgamiento”. 

“El magistrado Farfán extendió una investigación preliminar que ya adelantaba contra el senador Arturo Char con el fin de verficar hechos relacionados con la fuga de Aida Merlano, todo ello con relación a la existencia de una conexidad sustancia”, dijo el magistrado, explicando que la Corte ordenó escuchar a Merlano por videoconferencia, decretando una prueba.

Sobre cómo se buscará obtener dicha prueba, la Corte dijo que se ordenó agotar con el Ministerio de Justicia “los mecanismos diplomáticos consulares correspondientes, lo cual es habitual en estos casos”.

Aseguró que en el hipotético caso de que no encuentren ni canales diplomáticos ni consulares, “se podría buscar con el magistrado investigador otros mecanismos previstos en la ley para lograr la efectividad del recaudo probatorio, es decir, recoger el testimonio”.

“En el hipotético caso de que no encuentren ni canales diplomáticos ni consulares, se podría buscar con el magistrado investigador otros mecanismos previstos en la ley”

También dijo que, en el evento de que se pueda recibir el testimonio Aida Merlano -testimonio que, en todo caso, será valorado por la Corte-  esa declaración será trasladada a la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó Barbosa, quien aseguró que en ese caso ese testimonio será trasladado al órgano acusador para que la Fiscalía lo use en sus investigaciones.

El fiscal  Barbosa dijo que su entidad y la Corte Suprema de Justicia tienen todo el interés de que se aclaren los hechos relacionados en la investigación por corrupción electoral y por la fuga de la excongresista Merlano.

Pero también repitió algo que ya había manifestado la semana pasada, y es que considera que las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de la Fiscalía General de la Nación. “Por ende cualquier actuación que interfiera en ellas implicaría un exceso del ejercicio de sus facultades”, señaló Barbosa. También aseguró que no se pondrá en riesgo la integridad de los funcionarios de la Fiscalía, y que por esas dos razones respondió la semana pasada a un derecho de petición que no enviará una comisión de fiscales a Venezuela.

El Fiscal también dijo que le aclaraba a la opinión pública que él “no tiene competencia  constitucional ni legal para investigar al Presidente de la República ni a los congresistas de este país, por razón de lo señalado por la ley y la constitución”. 

Fuente: El Tiempo

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