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Kamala Harris la primera vicepresidenta de Estados Unidos

Kamala Harris está haciendo historia como la primera mujer afroestadounidense que ocupa la vicepresidenta de Estados Unidos, rompiendo las barreras que han mantenido a los hombres, casi todos blancos, en los niveles más altos de la política estadounidense durante más de dos siglos.

La ya exsenadora por California de 56 años también es la primera persona de ascendencia afroasiática elegida para ese cargo de alto rango.

Ella representa el multiculturalismo que define a Estados Unidos, pero que está en gran parte ausente de los centros de poder de Washington. Su identidad le ha permitido hablar en términos personales en un año donde se evaluó la brutalidad policial y el racismo sistémico.

Harris ha sido una estrella en ascenso en la política entre los demócratas durante gran parte de las últimas dos décadas. Se desempeñó como fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California antes de convertirse en senadora de Estados Unidos.

Después de que Harris terminó su propia campaña presidencial demócrata de 2020, Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula. Este miércoles 20 de enero de 2021, juraron como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

Su selección como compañera de fórmula de Joe Biden tuvo un significado adicional porque él es la persona de mayor edad que ocupa la presidencia, a los 78 años. Biden no se ha comprometido a buscar un segundo mandato en 2024.

Harris destaca legado de mujeres afroestadounidense que la influyeron

Harris enmarcó su candidatura como parte del legado, a menudo subvalorado, de mujeres afroestadounidenses pioneras que la precedieron, incluida la educadora Mary McLeod Bethune, la activista de derechos civiles Fannie Lou Hamer y la representante Shirley Chisholm, la primera candidata de raza negra en buscar la nominación presidencial por un partido importante, en 1972.

“A menudo no nos enseñan sus historias”, dijo Harris en agosto al aceptar la nominación a la vicepresidencia de su partido. “Pero como estadounidenses, todos nos apoyamos en sus hombros”.

Esa historia estaba en la mente de Sara Twyman recientemente mientras observaba la campaña de Harris en Las Vegas y usaba una camiseta con el nombre de la senadora junto a Chisholm. “Ya es hora de que una mujer llegue a los niveles más altos de nuestro gobierno”, dijo a la agencia AP Twyman, quien tiene 35 años y es también afroestadounidense.

A pesar de la emoción que rodea a Harris, ella y Biden enfrentan grandes desafíos, incluida la profundización de las tensiones raciales en EE.UU. a raíz de una pandemia que ha cobrado un precio desproporcionado entre las personas afroestadounidenses y una serie de asesinatos policiales de estadounidenses de raza negra.

El trabajo anterior de Harris como fiscal provocó escepticismo entre los votantes progresistas y jóvenes, quienes esperan que ella respalde un cambio institucional radical sobre las reformas graduales en la policía, las políticas de drogas y más.

Jessica Byrd, quien lidera el Proyecto de Justicia Electoral del Movimiento por las Vidas Negras y The Frontline, un esfuerzo de coalición multirracial para galvanizar a los votantes, dijo a la AP que planea participar en el riguroso trabajo organizativo necesario para impulsar a Harris y Biden hacia políticas más progresistas.

“Creo profundamente en el poder del liderazgo de las mujeres negras, incluso cuando todas nuestras políticas no se alinean”, dijo Byrd.

Harris es la segunda mujer afroestadounidense elegida para el Senado. Su colega, el senador Cory Booker, quien también es de raza negra, dijo que su sola presencia hizo que la institución fuera “más accesible para más personas” y sugirió que lograría lo mismo con la vicepresidencia.

Harris nació en 1964 de dos padres activos en el movimiento de derechos civiles. Shyamala Gopalan, de India, y Donald Harris, de Jamaica, se conocieron en la Universidad de California, Berkeley, entonces un semillero del activismo de los sesenta.

Se divorciaron cuando Harris y su hermana eran niñas y Harris fue criada por su difunta madre, a quien considera la influencia más importante en su vida.

La congresista Pramila Jayapal de Washington dijo que el poder de Harris proviene no sólo de su experiencia de vida, sino también de las personas a las que ya representa. California es el estado más poblado y más diverso del país; casi el 40% de las personas son latinas y el 15% son asiáticas.

En el Congreso, Harris y Jayapal se han unido en proyectos de ley para garantizar la representación legal de los musulmanes objeto de la prohibición de viajar, expedida por Donald Trump en 2017, y para extender los derechos a los trabajadores domésticos.

“Ese es el tipo de política que también ocurre cuando hay voces como la nuestra en la mesa”, dijo Jayapal, quien en 2016 fue la primera mujer del sur de Asia elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Harris ganó las elecciones al Senado ese mismo año.

VOA

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“Nos veremos de nuevo” Trump

El presidente Donald Trump, acompañado por la primera dama Melania Trump, abandonó este miércoles la Casa Blanca y puso rumbo a Florida, lejos de la ceremonia de investidura del demócrata Joe Biden, no sin antes afirmar que su adiós no es una despedida, sino más bien un simple hasta luego.

Trump levantó su puño al abordar el helicóptero hacia la Base Aérea de Andrews, donde abordó el avión presidencial a las 9:00 de la mañana para dirigirse a la que será su residencia como expresidente en Mar-a-Lago, Florida.

“Ha sido un gran honor, el honor de una vida”, dijo Trump a los reporteros en su camino al helicóptero en los jardines de la mansión presidencial.

“Amamos al pueblo estadounidense y, de nuevo, fue algo muy especial. Y sólo quiero decir adiós, pero con la esperanza de que no será un adiós muy largo. Nos veremos de nuevo”, agregó.

En la Base de Andrew, el presidente fue despedido con una salva de 21 cañonazos.

En un discurso de despedida frente a miembros de su familia y un puñado de colaboradores, que pronunció desde la pista de la base aérea y que duró nueve minutos, el presidente insistió: “De algún modo, estaremos de vuelta”.

Trump hizo un breve recuento de sus cuatro años en la presidencia y sentenció que su gobierno “fue sorprendente bajo cualquier baremo”.

“Le deseo a la nueva administración muchísima suerte y muchísimo éxito”, dijo, sin mencionar a Biden. “Creo que van a tener un gran éxito, porque cuentan los cimientos para hacer algos espectacular”, comentó un Trump que deja la Casa Blanca con el país encarando los peores momentos de la pandemia, con previsiones de hasta 30.000 muertes semanales, y -también fruto del coronavirus- con tasas de desempleo no vistas desde la crisis financiera.

“Siempre lucharé por ustedes. Estaré observando y atento”, prometió. “Adiós, los quiero… Que la pasen muy bien… Nos veremos pronto”, agregó antes de abordar el avión.

VOA

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Las duras batallas que han forjado la historia de Joe Biden

Luego de dos intentos de llegar a la casa blanca, Joseph Robinette Biden asume hoy la presidencia de Estados Unidos con más experiencia que sus predecesores. 24 años en el senado y 8 como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.

Nacido en un hogar de clase media, en 1973 se convirtió en el senador más joven de la historia a sus 30 años. Biden comenzaba a probar el éxito cuando la muerte de su hija y primera esposa en un accidente automovilístico estremeció su vida. Hasta sus rivales reconocen sus capacidades para cruzar líneas de partido, aunque posturas como su apoyo a la guerra de Irak le han valido criticas.

VOA

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La violencia policial es la desaparición en la Argentina democrática

Los excesos policiales durante la pandemia revelan problemas estructurales en las fuerzas de seguridad argentinas. Los argentinos comprometidos con los derechos humanos debemos hacernos una pregunta urgente: ¿cómo hacemos para que no ocurra un caso como el de Facundo Astudillo Castro?

BUENOS AIRES — El esqueleto de un cadáver que apareció en agosto en un cangrejal cerca del mar en la provincia de Buenos Aires respondió a la pregunta que muchos argentinos se hacían hace meses: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro?

El joven de 22 años salió de su hogar el 30 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus —cuando la circulación se restringía de manera severa—, con la intención de reencontrarse con su exnovia en Bahía Blanca. Nunca llegó, y en la última imagen con vida, Astudillo Castro está parado frente a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia fue apartada de la investigación por sospechas de involucramiento en la desaparición del joven. Los familiares de Astudillo Castro han denunciado reiterados hechos de intimidación policial.

Aunque la investigación sigue su curso, hay una realidad de fondo: los excesos de las fuerzas de seguridad en Argentina son frecuentes. Pero suelen generar un titular y poco más. Algo distinto sucede cuando desaparecen personas. Ese crimen lleva a los argentinos a las calle. Reclamos constantes por el paradero de Astudillo Castro —principalmente virtuales, en contexto pandémico— llegaron hasta el presidente Alberto Fernández, quien le prometió a la madre del muchacho que de estar involucrada la policía no sería encubierta.

La reacción popular contra las desapariciones es el legado de la dictadura cívico militar que entre 1976 y 1983 secuestró y mató en prisiones clandestinas a más de 30.000 personas. El informe detallando estas cuantiosas violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad se tituló “Nunca más”, y la frase terminó encapsulando para los argentinos el trauma causado por el crimen de la desaparición forzada.

Pero el apego argentino a los derechos humanos puede ser muy específico. Cuando aparecen los cadáveres, muy a menudo decae el clamor. Nuestra obsesión es el desaparecido, las victimas de otras violaciones de derechos humanos despiertan menos furia. Pero deberíamos seguir indignados: especialmente en un momento en el que el uso excesivo de la fuerza de policías y fuerzas de seguridad ha provocado exigencias de reforma en países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia y México. En Argentina también debemos exigir esos cambios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado al menos 134 personas fueron víctimas de la violencia policial.

El caso de Astudillo Castro ejemplifica cuerpos de seguridad —en la provincia y el país— que rutinariamente cometen excesos violentos, en el contexto de la cuarentena pandémica y también mucho antes. Y también es un ejemplo más de la crisis de credibilidad de la policía en un país donde solo un 38 por ciento de la población confía en la institución.

La policía forma una parte de un sistema de políticas de seguridad y crimen en la provincia que se basa en altas tasas de encarcelación de la población más pobre en condiciones deplorables que vulneran sus derechos humanos. La tortura es práctica común en los centros penitenciarios, según la Comisión Provincial por la Memoria.

El problema de la provincia es parte de una violencia policial que se repite en diferentes localidades de Argentina. Amnistía Internacional catalogó por lo menos 30 episodios en casi una decena provincias de violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus. En mayo la policía provincial de Tucumán mató a disparos a un hombre en un operativo y tiró el cadáver en el monte. En otro, policías en la provincia de Chaco entraron al hogar de una familia indígena qom, golpearon y torturaron a sus integrantes.

La cantidad de casos graves en este tiempo en Argentina exponen un problema estructural de altos niveles de violencia estatal de larga data, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un informe de 2018 de las Naciones Unidas muestra un patrón de violencia policial estructural en el país, particularmente dirigido hacia poblaciones indígenas y pobres. Ese patrón incluye la práctica cotidiana del hostigamiento, detenciones no registradas, allanamientos violentos e irregulares y el uso abusivo de la fuerza. Para el CELS, el conjunto de prácticas conforma “un repertorio de intervenciones policiales violentas y extremas” que son posibles en buena media porque “el trabajo policial está degradado”.

El trabajo policial en Buenos Aires es mal pagado y de poco prestigio. La policía bonaerense acusada de matar a Facundo Castro tuvo un sangriento historial en la última dictadura y graves casos de corrupción en los años posteriores. Sucesivos gobiernos democráticos pusieron énfasis en reformar las Fuerzas Armadasen respuesta al legado largo de dictaduras. Pero los intentos de cambiar las fuerzas de seguridad públicas bonaerenses fueron implementados de forma parcial y cambiante y con poco éxito a nivel sistémico. En años recientes se favorecieron políticas de mano dura que para algunos expertos empeoraron aún más la crisis de violencia estatal. El resultado es una enorme fuerza —90.000 efectivos— que trabaja de forma poco eficaz y que aumenta la misma inseguridad que debe combatir.

Este mes, días después de que apareciera el cadáver de Facundo Astudillo Castro, la policía bonaerense llevó a cabo una preocupante protesta —en la cual participaron efectivos uniformados, con armas reglamentarias y con patrulleros— afuera de la residencial presidencial en reclamó de mejoras salariales. La protesta logró rápidamente un aumento de sueldo para los policías, pero las cuestiones estructurales de fondo recibieron menos atención y son urgentes.

El sistema de seguridad se ha convertido en un violador serial de derechos humanos en la Argentina democrática, y la complejidad del problema desafía soluciones sencillas.

Expertos en seguridad y policía sugieren crear organismos de control capaces de llevar adelante protocolos de actuación policial con criterios claros. Otros señalan la necesidad de valorar el trabajo policial, para reducir sus prácticas criminales. Cualquier medida efectiva requerirá de compromiso político, en un momento donde el gobierno lucha por sobrevivir en un doble frente de combate: el coronavirus y recesión económica.

Pero esto no debería detener a los argentinos comprometidos con los derechos humanos de hacer una nueva pregunta: ¿Cómo hacemos para que no ocurran nuevos casos como el de Astudillo Castro?

Fuente: New York Times

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