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Estudio de desplazados en Ecuador

Un informe de Migration Policy Institute analizó distintas comunidades migratorias en la región y ha precisado diferencias entre desplazados colombianos y venezolanos que residen en Ecuador. Una de ellas es que los migrantes de Venezuela tienen mayores aspiraciones de regresar a su país.

Fuente: VOA

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El Mundo

La violencia policial es la desaparición en la Argentina democrática

Los excesos policiales durante la pandemia revelan problemas estructurales en las fuerzas de seguridad argentinas. Los argentinos comprometidos con los derechos humanos debemos hacernos una pregunta urgente: ¿cómo hacemos para que no ocurra un caso como el de Facundo Astudillo Castro?

BUENOS AIRES — El esqueleto de un cadáver que apareció en agosto en un cangrejal cerca del mar en la provincia de Buenos Aires respondió a la pregunta que muchos argentinos se hacían hace meses: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro?

El joven de 22 años salió de su hogar el 30 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus —cuando la circulación se restringía de manera severa—, con la intención de reencontrarse con su exnovia en Bahía Blanca. Nunca llegó, y en la última imagen con vida, Astudillo Castro está parado frente a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia fue apartada de la investigación por sospechas de involucramiento en la desaparición del joven. Los familiares de Astudillo Castro han denunciado reiterados hechos de intimidación policial.

Aunque la investigación sigue su curso, hay una realidad de fondo: los excesos de las fuerzas de seguridad en Argentina son frecuentes. Pero suelen generar un titular y poco más. Algo distinto sucede cuando desaparecen personas. Ese crimen lleva a los argentinos a las calle. Reclamos constantes por el paradero de Astudillo Castro —principalmente virtuales, en contexto pandémico— llegaron hasta el presidente Alberto Fernández, quien le prometió a la madre del muchacho que de estar involucrada la policía no sería encubierta.

La reacción popular contra las desapariciones es el legado de la dictadura cívico militar que entre 1976 y 1983 secuestró y mató en prisiones clandestinas a más de 30.000 personas. El informe detallando estas cuantiosas violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad se tituló “Nunca más”, y la frase terminó encapsulando para los argentinos el trauma causado por el crimen de la desaparición forzada.

Pero el apego argentino a los derechos humanos puede ser muy específico. Cuando aparecen los cadáveres, muy a menudo decae el clamor. Nuestra obsesión es el desaparecido, las victimas de otras violaciones de derechos humanos despiertan menos furia. Pero deberíamos seguir indignados: especialmente en un momento en el que el uso excesivo de la fuerza de policías y fuerzas de seguridad ha provocado exigencias de reforma en países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia y México. En Argentina también debemos exigir esos cambios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado al menos 134 personas fueron víctimas de la violencia policial.

El caso de Astudillo Castro ejemplifica cuerpos de seguridad —en la provincia y el país— que rutinariamente cometen excesos violentos, en el contexto de la cuarentena pandémica y también mucho antes. Y también es un ejemplo más de la crisis de credibilidad de la policía en un país donde solo un 38 por ciento de la población confía en la institución.

La policía forma una parte de un sistema de políticas de seguridad y crimen en la provincia que se basa en altas tasas de encarcelación de la población más pobre en condiciones deplorables que vulneran sus derechos humanos. La tortura es práctica común en los centros penitenciarios, según la Comisión Provincial por la Memoria.

El problema de la provincia es parte de una violencia policial que se repite en diferentes localidades de Argentina. Amnistía Internacional catalogó por lo menos 30 episodios en casi una decena provincias de violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus. En mayo la policía provincial de Tucumán mató a disparos a un hombre en un operativo y tiró el cadáver en el monte. En otro, policías en la provincia de Chaco entraron al hogar de una familia indígena qom, golpearon y torturaron a sus integrantes.

La cantidad de casos graves en este tiempo en Argentina exponen un problema estructural de altos niveles de violencia estatal de larga data, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un informe de 2018 de las Naciones Unidas muestra un patrón de violencia policial estructural en el país, particularmente dirigido hacia poblaciones indígenas y pobres. Ese patrón incluye la práctica cotidiana del hostigamiento, detenciones no registradas, allanamientos violentos e irregulares y el uso abusivo de la fuerza. Para el CELS, el conjunto de prácticas conforma “un repertorio de intervenciones policiales violentas y extremas” que son posibles en buena media porque “el trabajo policial está degradado”.

El trabajo policial en Buenos Aires es mal pagado y de poco prestigio. La policía bonaerense acusada de matar a Facundo Castro tuvo un sangriento historial en la última dictadura y graves casos de corrupción en los años posteriores. Sucesivos gobiernos democráticos pusieron énfasis en reformar las Fuerzas Armadasen respuesta al legado largo de dictaduras. Pero los intentos de cambiar las fuerzas de seguridad públicas bonaerenses fueron implementados de forma parcial y cambiante y con poco éxito a nivel sistémico. En años recientes se favorecieron políticas de mano dura que para algunos expertos empeoraron aún más la crisis de violencia estatal. El resultado es una enorme fuerza —90.000 efectivos— que trabaja de forma poco eficaz y que aumenta la misma inseguridad que debe combatir.

Este mes, días después de que apareciera el cadáver de Facundo Astudillo Castro, la policía bonaerense llevó a cabo una preocupante protesta —en la cual participaron efectivos uniformados, con armas reglamentarias y con patrulleros— afuera de la residencial presidencial en reclamó de mejoras salariales. La protesta logró rápidamente un aumento de sueldo para los policías, pero las cuestiones estructurales de fondo recibieron menos atención y son urgentes.

El sistema de seguridad se ha convertido en un violador serial de derechos humanos en la Argentina democrática, y la complejidad del problema desafía soluciones sencillas.

Expertos en seguridad y policía sugieren crear organismos de control capaces de llevar adelante protocolos de actuación policial con criterios claros. Otros señalan la necesidad de valorar el trabajo policial, para reducir sus prácticas criminales. Cualquier medida efectiva requerirá de compromiso político, en un momento donde el gobierno lucha por sobrevivir en un doble frente de combate: el coronavirus y recesión económica.

Pero esto no debería detener a los argentinos comprometidos con los derechos humanos de hacer una nueva pregunta: ¿Cómo hacemos para que no ocurran nuevos casos como el de Astudillo Castro?

Fuente: New York Times

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El Mundo

Trump vs Biden: la gran transformación que impulsó el presidente y que hará que siga influyendo enormemente incluso si pierde las elecciones

Pase lo que pase en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, el impacto de Donald Trump se continuará sintiendo en este país por décadas.

Incluso si pierde, el mandatario ya ha dejado, para bien o para mal, una impronta profunda y duradera en la cultura política del país y también en sus instituciones.

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Pues, a través del nombramiento de cientos de jueces vitalicios en los casi cuatro años que lleva en la Casa Blanca, Trump ha asegurado un sesgo conservador en la rama judicial quemuy posiblemente se mantendrá por décadas, sin importar cuántas veces en los próximos años ganen los demócratas la presidencia o el control del Congreso.

La muerte, el pasado viernes 18 de septiembre, de la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la nominación por parte de Trump de la conservadora Amy Coney Barrett para sustituirla subraya la relevancia de su revolución judicial.

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Si el Senado da luz verde a su propuesta, el de Barrett será el tercer nombramiento para la Corte Suprema durante su mandato.

Y al reemplazar a la muy liberal Ginsburg por una jueza conservadora, transformará el equilibrio de poder en el tribunal, estableciendo una mayoría absoluta de seis conservadores contra tres liberales, lo que consolidaría el bloque derechista en la Corte.

Pero independientemente de lo que pase con esto, Trump ya ha cambiado la naturaleza del sistema judicial del país, para angustia de unos y celebración de otros.

Avalancha de nombramientos

Tal vez la promesa electoral que Trump ha cumplido más fielmente es la de llevar muchos conservadores a los tribunales.

No son pocos los republicanos que dicen desconfiar de algunos aspectos del gobierno de Trump, pero que insisten en su adhesión al exmagnate, justificándola por cuenta del número de jueces derechistas que han sido instalados en su mandato.

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La administración de Trump ha sido una verdadera máquina de transformación de las cortes.

Contó para ello con la conjunción de una serie de circunstancias al llegar a la Casa Blanca en enero de 2017.

Muchos jueces federales nombrados décadas antes estaban en el proceso de retirarse.

El Senado, controlado por los republicanos, se había rehusado a confirmar a muchos de los nominados por el anterior mandatario, Barack Obama. Y en cambio, esa misma legislatura le ofreció a Trump celeridad absoluta para llenar las vacantes con los escogidos por su gobierno.

El presidente no desaprovechó la oportunidad.

A septiembre de 2020, Donald Trump había nombrado 2 magistrados de la Corte Suprema (más la nominación de Barrett) y 214 jueces federales, todos ellos con periodo vitalicio.

El presidente ha nombrado casi uno de cada cuatro jueces federales activos que hay hoy en el país, asegura un informe del centro de investigación estadounidense Pew Research Center publicado en julio.

En los últimos cuarenta años ningún otro mandatario había nombrado tantos jueces en su primer periodo presidencial, indica ese informe.

A modo de comparación, Barack Obama designó 152, y George W. Bush consiguió llenar 197 vacantes en ese mismo punto en su mandato, especifica el documento del centro Pew.

El último que le ganó a Trump en este aspecto fue el expresidente demócrata Jimmy Carter, quien entre enero de 1977 y diciembre de 1980 nombró a 262 jueces federales.

De modo que la de Trump es la sacudida más fuerte que se le da en cuatro décadas a la rama judicial estadounidense.

Talante conservador

Jimmy Carter llegó a la presidencia en las primeras elecciones después del escándalo de Watergate que le costó la presidencia al conservador Richard Nixon.

No es de sorprender que Carter llevara muchos jueces de tendencia liberal a sus cargos. Trump va decididamente en la dirección contraria.

Sus nombramientos tanto a la Corte Suprema como a los demás tribunales federales son de corte estrictamente conservador.

Con el añadido ingrediente de que en su mayoría son comparativamente jóvenes, lo que aumentará el impacto en el tiempo de sus nombramientos vitalicios.

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Un reporte publicado en enero de 2020 por el Instituto Brookings, otro centro de investigación en la capital estadounidense, mostraba que los jueces de las cortes federales de apelación nombrados por Trump hasta ese momento tenían en promedio 48,2 años de edad, frente a 57 para los de Barack Obama y 54 para los de Jimmy Carter.

Una agenda para largo plazo

Lo que esto quiere decir es que en el futuro, un gobernante demócrata, incluso si tiene el control del Congreso, podría ver truncada su agenda de gobierno por cortes dominadas por republicanos.

Por ejemplo, esos jueces nombrados hoy por Trump podrían mañana objetar las leyes propuestas por un presidente demócrata y aprobadas por un Congreso de ese mismo partido, alegando la inconstitucionalidad de tales medidas.

Esta fue una queja, por cierto, que por muchos años esgrimieron los conservadores, cuando entre las décadas de 1950 a 1970 las altas cortes estadounidenses eran frecuentemente acusadas de tener un sesgo liberal.

En esos años, incluso durante gobiernos conservadores, los tribunales tomaron medidas liberales como ordenar en 1954 el final de la segregación racial formal en las escuelas, mediante un fallo judicial ocurrido durante la presidencia de Dwight Eisenhower; o establecer en 1973, bajo el mandato de Richard Nixon, la legalización del aborto.

Ahora muchos ven venir una contra-revolución judicial de derecha.

“Esto no sorprende dada la lamentable agenda que Trump y el líder republicano del Senado, Mitch McConell están implementando a través de las cortes. Están creando una rama judicial que niega la justicia igualitaria y retrocede en el significativo progreso que hemos logrado en cuanto a los derechos civiles y los derechos humanos”.

Eso le dice a BBC Mundo Lena Zwarensteyn, directora de la Campaña por los Tribunales Justos, una iniciativa de la Conferencia de Liderazgo sobre los Derechos Civiles y Humanos (The Leadership Conference on Civil and Human Rights), una organización no gubernamental de activismo por los derechos civiles, basada en Washington.

“Han tenido que valerse de un grupo pequeño de abogados que creen que seguirán su estrategia de limitar el derecho al voto, revocar el acceso a la salud, restringir derechos reproductivos y más,” insiste Zwarensteyn, en referencia al gobierno de Trump y sus nombramientos de magistrados.

A lo que seguramente responderían los republicanos alegando que la intención de los fundadores del país era precisamente la de establecer una rama judicial fuerte e independiente, capaz de hacer de contrapeso al presidente y al Congreso, sin importar de qué partido fuesen ellos.

Y que así como los demócratas tuvieron por décadas una “corte activista” que impulsó medidas progresistas incluso durante gobiernos conservadores, ahora los republicanos tienen la oportunidad de extender por décadas unas cortes que respondan a los instintos conservadores de quienes ganaron las elecciones en 2016.

Diversidad en los nombramientos

Otra queja que los críticos liberales dirigen hacia los nombramientos judiciales de Trump tiene que ver con lo que ellos califican de falta de diversidad racial y de género en las cortes.

“Es vergonzoso e inaceptable que Donald Trump haya nombrado -y el Senado confirmado- al grupo menos diverso de nominados judiciales en décadas. Cerca de 90 por ciento son blancos, y casi 80 por ciento son hombres. De sus 53 jueces del circuito, ninguno es negro, y solo una es latina”, le explica Zwarenstein a BBC Mundo.

“El impacto acumulativo de todo esto va a durar por décadas, y es devastador porque nuestros jueces deberían reflejar la increíble diversidad de nuestro país y concretar la promesa de justicia para todos”, asegura.

Nuevamente, los republicanos se defienden e insisten en que los nombramientos de Trump son más diversos que lo que los demócratas alegan.

Por ejemplo, en una lista de potenciales candidatos a la Corte Suprema en un eventual segundo mandato del presidente, difundida por la campaña de Trump el pasado 9 de septiembre, aparece el juez federal James Ho, de ancestro taiwanés, junto a los hispanos Ted Cruz y Carlos Muñiz.

Comentaristas conservadores insisten en que Trump ha seguido un proceso ejemplar para la renovación de las cortes.

En un tuit del 30 de julio pasado, Carrie Severino, directora de Judicial Crisis Network, una ONG conservadora basada en la capital estadounidense y especializada en el seguimiento a los nombramientos judiciales, decía que el mandatario “ha insistido en un proceso (de selección de jueces) que es más transparente que cualquier otro en la historia”.

De lo que pocos dudan es que, si Trump obtiene la reelección en 2020, su revolución judicial se profundizará.

Llegarán muchos más nombramientos conservadores a las cortes, y con ellos más fallos que reflejen la ideología republicana, para rabia de por lo menos la mitad de este país dividido y polarizado como pocas veces en su historia.

Fuente: BBC News

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El Mundo

Cuánto oro queda por extraer en el mundo (y dónde está la mina más productiva de América Latina)

El mes pasado, el precio del oro alcanzó su máximo histórico al superar los US$2.000 por onza. Aunque esta subida de su cotización ha estado espoleada por los operadores del mercado, nos hace preguntarnos sobre la disponibilidad del metal precioso y cómo de cerca estamos de que se agoten sus reservas en la Tierra.

El oro tiene una gran demanda como inversión, es símbolo de estatus y un componente clave en muchos productos electrónicos.

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Pero también es un recurso finito, y eventualmente llegará una etapa en la que no quedará nada por explotar.

Nivel máximo

Los expertos hablan sobre el concepto de nivel máximo o pico, que tiene lugar cuando hemos extraído la mayor cantidad posible en un año.

Algunos creen que es posible que ya hayamos llegado a ese punto.

La producción de las minas de oro totalizó 3.531 toneladas en 2019, un 1% menos que en 2018, según el Consejo Mundial del Oro.

Esta es la primera disminución anual de la producción desde 2008.

“Aunque el crecimiento en la oferta puede ralentizarse o disminuir ligeramente en los próximos años conforme se agotan las reservas existentes y los nuevos descubrimientos se vuelven cada vez más escasos, sugerir que la producción ha alcanzado su punto máximo puede ser un poco prematuro”, dice Hannah Brandstaetter, portavoz del Consejo Mundial del Oro.

Incluso cuando se llega al pico, los expertos dicen que no es probable que la producción experimente una disminución dramática en los años inmediatamente posteriores.

En cambio, podríamos ver un agotamiento gradual de la producción que duraría varias décadas.

“La producción minera se ha estabilizado y es probable que esté en una trayectoria descendente, pero no dramáticamente descendente”, agrega Ross Norman, de MetalsDaily.com.

Entonces, ¿cuánto oro queda?

Las empresas mineras estiman de dos formas el volumen de oro que permanece en el suelo:

  • Reservas: oro que es económicamente viable extraer al precio de su cotización.
  • Recursos: oro que se volverá económicamente viable después de una investigación adicional, o a un nivel de precios más alto.

El volumen de las reservas de oro se puede calcular con mayor precisión que los recursos, aunque todavía no es una tarea fácil.

El stock subterráneo de reservas de oro se estima actualmente en alrededor de 50.000 toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Para poner esto en perspectiva, ya se han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro en total, aunque las estimaciones varían.

Esto significa, en base a estas cifras aproximadas, que todavía queda alrededor del 20% por explotar.

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Pero esta es una cifra en constante cambio.

El avance de nuevas tecnologías pueden hacer que sea posible aprovechar algunas reservas ya descubiertas, pero que por su situación o cualquier otro factor no es viable económicamente extraerlas.

Las innovaciones más recientes incluyen big data e inteligencia artificial, que potencialmente pueden optimizar los procesos y reducir los costos.

La robótica ya se está utilizando en algunos sitios y se espera que se convierta cada vez más en una tecnología común en la exploración de minas.

Mayores minas del mundo

La mayor fuente de oro de la historia ha sido la cuenca de Witwatersrand en Sudáfrica.

Witwatersrand representa aproximadamente el 30% de todo el oro extraído.

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Otras fuentes importantes de oro incluyen la mina Mponeng, extremadamente profunda, en Sudáfrica; las minas Super Pit y Newmont Boddington, en Australia; la mina Grasberg de Indonesia y las minas en el estado de Nevada, EE. UU.

China es actualmente el país con mayor producción de oro del mundo, mientras que Canadá, Rusia y Perú también son importantes actores a nivel internacional.

En términos de compañías, Nevada Gold Mines, propiedad mayoritaria de la compañía canadiense Barrick Gold, es el complejo de extracción de oro más grande del mundo, con una producción de alrededor de 3,5 millones de onzas al año.

Aunque todavía se encuentran nuevas minas de oro, los expertos apuntan a que los descubrimientos de grandes depósitos son cada vez más escasos.

Como resultado, la mayor parte de la producción de oro proviene actualmente de minas más antiguas que han estado en uso durante décadas.

Mina líder en Latinoamérica

La mina de Pueblo Viejo, en República Dominicana, es la que más produce de todo América Latina.

Fue la cuarta mina que más oro produjo en 2018, con un total de 30,1 toneladas.

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Sin embargo, su ritmo de producción venía bajando debido a la menor concentración de oro en el mineral extraído, explica la revista oroinformación.com.

Su propietaria, la canadiense Barrick Gold, ha emprendido un proceso de ampliación “que permitirá a la mina líder (de la región) extender su vida útil hasta la década de 2030 o incluso más allá”, dice la publicación.

¿Más difícil de extraer?

La minería a gran escala es extremadamente intensiva en capital, ya que emplea mucha maquinaria y costosos sistemas para minar vastas áreas en la superficie y por debajo de ella.

Hoy en día, alrededor del 60% de las operaciones del mundo son minas a cielo abierto, mientras que el resto son subterráneas.

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“La minería se está volviendo más difícil en el sentido de que muchas de las minas grandes y de bajo costo, y las más antiguas, como las de Sudáfrica, están al borde del agotamiento“, agrega Norman.

“Las minas de oro chinas, por otro lado, son mucho más pequeñas y, por lo tanto, tienen costos más altos“.

Quedan relativamente pocas regiones inexploradas para la extracción de oro, aunque posiblemente las más prometedoras se encuentran en algunas de las partes más inestables del mundo, como África Occidental.

Máximos históricos

Sin embargo, aunque los precios del oro alcanzaron máximos históricos en agosto, esto no se traduce automáticamente en un aumento en la actividad minera de oro.

De hecho, los cambios en la producción de las minas de oro a menudo responden tardíamente a lo que sucede con la cotización del oro en los mercados internacionales.

“Dada la escala de operaciones involucradas, se necesita tiempo para modificar los planes de una mina en respuesta a cambios en factores externos, como el precio del oro”, agrega Brandstaetter.

Además, hay que tener en cuenta que los precios máximos se registraron durante las restricciones por la pandemia de covid-19.

La crisis sanitaria dificultó la extracción en las minas, ya que los sitios se cerraron total o parcialmente para frenar la propagación del virus.

Las subidas de precios en realidad han sido impulsadas por la pandemia, ya que los inversores ven el oro como un activo más seguro en tiempos de incertidumbre económica.

Lugares inverosímiles

Aunque el oro bajo tierra puede ser difícil de cuantificar, no es la única fuente.

También hay oro en la luna.

Sin embargo, los costos asociados con extraerlo y transportarlo de regreso a la Tierra son significativamente más altos que el propio valor del oro.

“Aunque existe, nunca sería económicamente significativo extraerlo”, dice el experto espacial Sinead O’Sullivan.

“Se gastaría una cantidad infinitamente mayor de dinero extrayéndolo de lo que se podría ganar vendiéndolo”.

Algo parecido ocurre en ciertos depósitos de la Antártica, donde existen algunas reservas que quizás nunca sean rentables debido a las condiciones climáticas extremas del continente.

El oro también se encuentra esparcido por el fondo del océano, pero también se considera financieramente poco viable para la extracción.

Sin embargo, un factor que el oro tiene de su lado es que, a diferencia de otros recursos no renovables como el petróleo, el oro sí se puede reciclar.

Así que nunca nos quedaremos sin oro, incluso aunque ya no podamos extraerlo o se hayan agotado todas las reservas.

Se utiliza una gran cantidad de oro en productos electrónicos que se consideran desechables, como los teléfonos celulares.

La cantidad de oro en un teléfono promedio vale unos cuantos dólares.

Los planes para reciclar el oro extraído de los desechos electrónicos ya están en marcha.

Fuente: BBC News

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