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Así es la lógica de la corrupción en municipios, según estudio

Los 126,2 billones de pesos de las transferencias nacionales; los recursos que quedan sin ejecutar de los 24 billones de pesos que hacen parte del Presupuesto de Regalías del bienio 2019-2020, más los dineros que logren recaudar con el esfuerzo propio son los recursos que estarán disponibles para los 1.122 alcaldes que se posesionaron el pasado primero de enero.

Con ellos procurarán sacar adelante sus municipalidades, pero también son la tentación para la corrupción, fenómeno que fue analizado en un estudio de investigadores del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes.

El informe ‘Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia’ concluye que alrededor de este flagelo no suele haber descentralización.

Es común que se presente una cierta manguala entre los distintos niveles de la administración, concluyen los autores Daphne Álvarez, Jorge Enrique Caputo, Alejandra Quintana y Fabio Sánchez.

A su vez, mientras más gasto de los municipios se financia con transferencias del Gobierno Nacional o con regalías, mayor es la corrupción y es más el desestímulo a la gestión de recursos propios. Es así como si en 1996 la capacidad de generación de ingresos permanentes de los gobiernos municipales correspondía al 50 por ciento, en 2015 esta cifra había caído al 38,8 por ciento. “Se percibe entonces un aumento de la dependencia de las transferencias”, sostiene el estudio.

El trabajo se basa en un cruce de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), de la Procuraduría General de la Nación; la información de elecciones legislativas, departamentales y locales proveniente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las ejecuciones presupuestales municipales junto con la inversión regionalizada obtenidas del Departamento Nacional de Planeación.

Mayor riesgo

“Tanto la mayor competencia política local como el grado de alineación política del alcalde con los representantes en el Congreso con mayor votación local aumentan significativamente la probabilidad de corrupción”.

Según los investigadores, “un municipio con mayor proporción de ingresos no tributarios atrae un mayor número de candidatos de menor calidad”. Y, una vez posicionados, “los políticos corruptos tienen ventajas para ganar elecciones, aun con mucha competencia política, gracias a la utilización de mecanismos ilegales o tácticas de fraude para la consecución de votos”. El nido de la corrupción se va volviendo más protegido a medida que “las entidades de vigilancia y la prensa local pueden ser menos profesionales y más fáciles de manipular que las del nivel nacional”, agrega el estudio.

Entre las tipologías de la corrupción que más se repiten están la inclusión de sobrecostos en los contratos públicos mediante el reconocimiento de pagos laborales no existentes o el avalúo de bienes a precios más elevados, eslabón en el que los investigadores recuerdan el caso en el que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de un municipio del departamento de Córdoba por reconocer altas sumas de dinero de manera irregular a 27 empleados de la administración municipal por concepto de cesantías.

Las redes de corrupción como tal no son castigadas, sino que el castigo recae solo sobre individuos aislados

También está la contratación a dedo, modalidad en la que han incurrido el 11,5 por ciento de los alcaldes corruptos. Como ejemplo, los autores citan otra destitución proferida por la Procuraduría, tras la cual fue inhabilitado por 12 años un alcalde del Huila, luego de recurrir a este procedimiento para favorecer a un político aliado.

Además, se destaca el uso de la situación de ‘urgencia manifiesta’ para realizar contratación directa, por lo cual fue sancionado un alcalde en un municipio de Norte de Santander.

El agravante es que el costo de ser corrupto es bajo. Poco existe la sanción moral. “Los alcaldes no pueden ser reelegidos inmediatamente, lo que implica que la corrupción no tiene costos directos de corto plazo para el alcalde, aunque sí podría tenerlos para su partido o movimiento político”, señala el estudio.

No hay ataque al corazón de la corrupción local, puesto que “las redes de corrupción como tal no son castigadas, sino que el castigo recae solo sobre individuos aislados”, agregan los autores.

En tres periodos de gobierno (del 2004 al 2015), con 3.366 alcaldes electos que gobernaron en esos años se registraron un total de 1.798 sanciones contra 1.013 alcaldes diferentes. Esto indica que aproximadamente 3 de cada 10 alcaldes fueron sancionados disciplinariamente.

Una de las consecuencias, por supuesto, es la pobreza, la cual tiene mayor prevalencia en los municipios donde se concentran las sanciones a mandatarios municipales.

“Las zonas periféricas del país, específicamente en el sur: Amazonas; o las del sudoeste: Cauca, Putumayo y Valle; en el norte: La Guajira, y en el nordeste: Arauca” tienen varias coincidencias que encajan con el estudio. Además de los altos porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas, muchos de estos territorios han sido tradicionalmente los grandes receptores de las regalías e, igualmente, los que tienen menor generación de recursos propios.

La región Caribe de Colombia es una muestra de la relación entre corrupción local y rezago. Todos los departamentos de esta zona son grandes receptores de regalías, pero sus municipalidades también ocupan los primeros lugares entre los de necesidades básicas insatisfechas superiores al 35 por ciento: 15 municipios están en La Guajira, que corresponden al 100 por ciento de la península; 26, en Sucre (100 % del departamento); 45, en Bolívar (98 %); 29, en Magdalena (97 %); 30, en Córdoba (94 %); 23, en Cesar (92 %), y 16, en Atlántico (70 % del departamento). También allí está una buena parte de los políticos condenados a prisión o sancionados.

Es frecuente el reclamo desde los territorios por lograr más autonomía (por ejemplo, para manejar las regalías), pero esta no ha llevado a promover la gestión para conseguir más recursos e invertirlos con eficiencia, de manera que se logre impulsar el desarrollo y bienestar de la gente. Por el contrario, “la descentralización fiscal no ha fortalecido la capacidad de generación de recursos propios de los gobiernos subnacionales”.

Fuente: El Tiempo

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La dura crítica de José Obdulio Gaviria a Daniel Quintero por el paro

‘En Antioquia lo que nos gusta es trabajar’, le dijo el senador uribista al alcalde de Medellín.

Al senador uribista José Obdulio Gaviria no le gustó para nada la manera como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manejó la jornada de protesta de este martes 21 de enero. Incluso, lo tildó de ingenuo, y aseguró: “En Antioquia lo que nos gusta es trabajar”. 

El congresista del Centro Democrático, quien es uno de los hombres más cercanos al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, dijo que “los ejercicios de protesta” impulsados por Quintero lo que representan es un “verguero semanal contra la industria y el comercio”.

Y cuestionó, además, que pretendiera celebrar su “epopeya democrática con una especie de remate de corrida, con concierto incluido”.

Pero Quintero sabía que le llegaría una ola de críticas por su manejo de la jornada de protestas, que terminó con fachadas pintadas y enfrentamientos, lo que obligó a la cancelación de un concierto que se tenía programado para rematar la jornada.

Minutos antes de recibir las críticas del congresista uribista, escribió, en su cuenta de Twitter, que algunos sectores iniciarían “una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos”.

Y dijo que ante las críticas a esos gobiernos, “que acaban de ser elegidos con votaciones históricas”, seguirán trabajando para construir un futuro diferente. 

Daniel Quintero, quien derrotó al candidato del Centro Democrático en las elecciones de octubre del año pasado, ha sido uno de los críticos del Esmad y ha dicho que la protesta ciudadana “es un derecho en Colombia”.

Fuente: El Tiempo

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Grupos armados ilegales imponen su ley en frontera con Venezuela: Humans Rights

Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW).

Esta situación se presenta en el departamento de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos con total impunidad.

“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos”, dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará hoy el estudio en Bogotá.

En el informe “Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure” se documentan abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), una disidencia de las desmovilizadas Farc y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln).

Ley propia

Human Rights Watch subraya que en esa parte de la frontera “los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas”.

Para constatar la situación, HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y “las hacen cumplir brutalmente”.

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas “prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas”.

Impunidad total

Con los testimonios recopilados, HRW concluyó que los abusos denunciados, “que incluyen asesinatos, trabajos forzados, reclutamiento de niños y violaciones, se cometen como parte de la estrategia de los grupos para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure”.

Vivanco subrayó en el informe que “los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales”.

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas “parecen sentirse aún más libres para operar”.

Habitantes, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores humanitarios aseguraron a HRW “que en algunos casos, los grupos armados actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales”.

“Al menos 16 cuerpos (sin vida) de civiles fueron encontrados en Arauca en 2019 con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser ‘informantes’, ‘violadores’, traficantes de drogas’ o ‘ladrones’. Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las Farc que operan en el área”, añade el informe.

Señala además que grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes de la zona “con trabajos forzados, obligándolos a trabajar durante meses sin paga en fincas, limpiando caminos o cocinando” para ellos, “lo que a menudo ocurre en Venezuela”.

Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares colombianos, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.

Fuente: El Colombiano

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Colombia activa vigilancia médica por virus respiratorios

Un ciudadano chino, procedente de Turquía, quien llegó a Bogotá en la mañana de este miércoles, es atendido por autoridades de salud para descartar que sufra el coronavirus.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) explicó que esto no quiere decir que el paciente tenga el virus, sino que se aplican una serie de procedimientos para confirmarlo o no. “Además de la persona de ElDorado ya hemos vigilado otras tres personas”.

“Eso no quiere decir que tengan Coronavirus. Simplemente son individuos que han sido captados por vigilancia”, indicó el INS.

Además, el INS resaltó que el aumento de pacientes con síntomas de virus aumenta por el “pico respiratorio”, algo que es cíclico en Colombia y que se da por esta época del año. “Estamos vigilando y captando a cualquier persona con algún síntoma de gripa… eso no quiere decir que tenga coronavirus”, agregó el Instituto.

De igual manera, llamó la atención para que los colombianos estén atentos a la información oficial y no se dejen guiar por la información que circula en redes sociales, que puede causar pánico. “En el momento en que Colombia tenga un caso confirmado el INS y el Ministerio de Salud convocarán de inmediato a los medios” para dar a conocer la información.

Finalmente, recomendó que las medidas que una persona debe tomar son las mismas que se toman para evitar una gripa: Lavado de manos frecuente (siempre que llegue de la calle), hágalo también a los niños, si tiene algún síntoma de resfrío use tapabocas, si esta con personas con gripa que no están usando tapabocas, úselo usted, cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar, si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre, cúbrase usted boca y nariz con la mano mientras se aleja, no salude de beso y tenga las oficinas y salones con ventilación, ventana abierta.

Fuente: El Colombiano

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