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Angélica Lozano, a pagar comparendo por violar norma de la cuarentena

La senadora fue vista junto a la alcaldesa Claudia López en un supermercado. Según las autoridades, las compras solo las puede hacer una persona por familia.

Ante la polémica suscitada por el video en el que se les ve de compras, la senadora Angélica Lozano presentó las explicaciones afirmando que ella estaba cerca del sitio y había ingresado al establecimiento únicamente para ayudar a cargar las bolsas.

Sin embargo, reconoció que esta conducta va en contra de las medidas de protección adoptadas por la Alcaldía de Bogotá para combatir la propagación del coronavirus COVID-19 y, según ella, se presentó voluntariamente a un CAI para aceptar el comparendo.

“Vivimos tiempos difíciles que nunca imaginamos. La estricta observación de la cuarentena nos protege. El saldo pedagógico es insistir siempre en que nadie está por encima de las reglas. Le ofrezco excusas a la ciudadanía”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que firma la multa.

El comparendo por infringir las normas impuestas durante el aislamiento obligatorio preventivo es de $936.000.

Fuente: Noticias Caracol

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La Corte Suprema de Colombia abre una investigación contra Uribe por la red de espionaje del Ejército

La indagación preliminar debe esclarecer si el expresidente fue destinatario de la información obtenida a través de seguimientos ilegales

Álvaro Uribe está de nuevo bajo la lupa de la Justicia colombiana. La Corte Suprema del país andino informó este martes de que ha abierto una indagación preliminar al expresidente por la trama de espionaje contra políticos, periodistas y abogados de derechos humanos descubierta en el Ejército. La sala de instrucción de la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria tendrá que determinar si el hoy senador fue “destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión, tomada a mediados de mayo, está basada en un escrito anónimo, que ya ha dado pie a la inspección de varias unidades de la fuerza terrestre, y se enmarca en el escándalo de interceptaciones de la inteligencia militar destapado hace un mes por la revista Semana.

La red de espionaje estuvo operativa, según las denuncias de algunos de los implicados, entre febrero y diciembre del año pasado y tuvo como objetivo a más de 130 personas. Los expedientes recabados, llenos de imprecisiones y valoraciones infundadas, contenían detalles sobre el domicilio, las oficinas, direcciones de correo electrónico, nombres de amigos, familiares, contactos y otros datos privados. Se trataba de “trabajos especiales” realizados por equipos de ciberinteligencia y supuestamente encargados por superiores. Los seguimientos, que llegaron hasta Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia del actual mandatario, Iván Duque, ponen en evidencia la conducta ilegal y desfasada en el tiempo de miembros del Ejército. Las dudas de la Justicia tienen que ver con la implicación de la cadena de mando y los posibles responsables políticos de esas prácticas.

Tras conocerse la dimensión de este nuevo escándalo de chuzadas o interceptaciones, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro del servicio activo de 11 oficiales y condenó duramente lo sucedido. “Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o el mismo despacho del señor presidente de la República”, declaró. Duque ganó las elecciones en 2018 impulsado por Uribe y, una vez asumido el cargo, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario, se aseguraron el control del área de Defensa, una cartera clave en un país que acaba de dejar atrás medio siglo de conflicto armado con las FARC.

Los responsables de las Fuerzas Armadas y del Ejército durante 2019 fueron dos hombres cercanos a Uribe y encontraron en el llamado uribismo sus principales valedores. Sin embargo, el exministro Guillermo Botero dimitió a finales de año por ocultar la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo contra grupos disidentes de la extinta guerrilla. Y el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, renunció en Navidad aduciendo motivos familiares. Este último, que niega su implicación en el caso, fue llamado a declarar por la Fiscalía en el marco de una investigación que se inició en enero por “los delitos de violación ilícita de comunicaciones” y “utilización ilícita de equipos transmisores o receptores”.

El expresidente, que tiene otros procesos abiertos, rechazó la denuncia a través de las redes sociales. “La Corte que todo lo filtra debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde”, escribió en Twitter en referencia al alto tribunal. Su abogado, Jaime Enrique Granados Peña, restó importancia a la apertura de la investigación preliminar, calificándola en un comunicado de “una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte”. Pero el letrado fue más allá y cargó contra los medios de comunicación: “Rechazo enfáticamente que se pretenda armar un escándalo mediático”.

Uribe enfrentó a finales de la pasada década, durante su segundo mandato, otro caso de espionaje orquestado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que intervino las comunicaciones de magistrados, periodistas y opositores. Su sucesor, Juan Manuel Santos, disolvió ese organismo. Diez años después los seguimientos ilegales han vuelto a sacudir a Colombia y a cuestionar los procedimientos del Ejército, una institución clave para el funcionamiento democrático del país.

Fuente: El Pais

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Jordan Goudreau, el exsoldado estadounidense que intentó derrocar a Maduro

de Maduro hasta el avión”, dijo el ciudadano norteamericano.

Todo empezó en la madrugada del pasado domingo cuando dos ciudadanos estadounidenses fueron capturados en Venezuela por una fallida “invasión” por mar que dejó otros 15 detenidos, luego de un despliegue militar y policial en el vecino país.

Era la llamada Operación Gedeón, que en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, denunció como “incursión marítima de mercenarios procedentes de Colombia” que buscaban derrocar a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

La Fiscalía venezolana sostiene que ese sería un nuevo intento del líder opositor Juan Guaidó para, supuestamente, tomar el poder por la vía militar. El propio Maduro asegura tener pruebas de que Guaidó habría firmado un contrato de 212 millones de dólares con la empresa estadounidense Silvercorp para que planeara y lanzara el operativo.

El director de Silvercorp, el exboina verde Jordan Goudreau, lo ha confirmado y sostiene que el plan sigue en marcha.

 

 

En las últimas horas, en entrevistas con el Washington Post y la cadena CNN, J.J. Rendón, asesor político de Guaidó, confirmó la existencia del contrato, pero aclaró que lo firmaron él y el miembro de Voluntad Popular Sergio Vergara, no Juan Guaidó.

El objetivo, dice, era “capturar o eliminar” a Maduro para instaurar en el poder a Guaidó, pero la Operación Gedeón finalmente no recibió luz verde, aseguró.

Tanto Goudreau como Rendón revelaron los supuestos costos del plan. El exsoldado estadounidense dice que le entregaron un primer pago de 50.000 dólares, pero que aún tiene pendiente de cobro el resto de los 212 millones de dólares.

Rendón contó que le hizo ese primer pago para cubrir “gastos” y que luego el contratista estadounidense le exigió un anticipo de 1,5 millones de dólares, por lo que empezaron a sospechar y decidieron no seguir adelante. “Todos teníamos banderas rojas y el presidente no se sentía cómodo con esto”, declaró.

Por su parte, Maduro aseguró que Venezuela solicitará a Estados Unidos la extradición de Goudreau, “quien ha confesado sus delitos”.

Además, informó sobre la puesta en marcha de la denominada Operación Negro Primero, para detener a los miembros de la operación que seguirían en suelo venezolano.

Investigación contra Goudreau

El exboina verde que se ha adjudicado la responsabilidad de esa fallida incursión militar en Venezuela es investigado por tráfico de armas en Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios y exfuncionarios policiales.

La investigación en torno a Jordan Goudreau se encuentra en sus primeras etapas y por el momento no está claro si derivará en la presentación de cargos formales, según un funcionario policial estadounidense que habló bajo condición de anonimato para poder discutir las deliberaciones internas.

La pesquisa surgió del frenesí de comentarios contradictorios de Goudreau esta semana. Algunos miembros del Congreso de Estados Unidos también preguntaron al Departamento de Estado qué sabían acerca de los planes de Goudreau y expresaron preocupación de que probablemente haya violado las normas referentes al tráfico de armas.

Una investigación de la agencia The Associated Press, publicada antes de la incursión fallida, pone a Goudreau en el centro de un complot, tramado con el general retirado del Ejército venezolano Cliver Alcalá, para entrenar a decenas de desertores de las fuerzas de seguridad de Venezuela en campamentos secretos, supuestamente, ubicados en zona fronteriza para llevar a cabo una operación relámpago contra Maduro.

Los hombres, según la investigación periodística, estaban siendo entrenados para combate en tres campamentos rudimentarios con la ayuda de Goudreau y su compañía Silvercorp USA, con sede en Florida, dijeron opositores de Maduro y aspirantes a combatientes.

El complot parecía condenado al fracaso desde el principio debido a que carecía del respaldo del gobierno de Trump y estaba infiltrado por la vasta red de inteligencia de Maduro capacitada por Cuba, encontró la AP.

El origen de las armas

Funcionarios policiales dicen que los comentarios de Goudreau indican que su trabajo a nombre del ejército de voluntarios podría haber violado las leyes que requieren que cualquier compañía estadounidense que suministre armas o equipos militares, así como asesoría y entrenamiento militar a personas extranjeras, soliciten la aprobación del Departamento de Estado.

Los comentarios públicos de Goudreau por sí mismos muestran que exportaba su pericia letal a un país extranjero”, comentó Sean McFate, exparacaidista del Ejército de Estados Unidos que trabajó como contratista militar privado y es autor del libro The New Rules of War, que trata sobre las implicaciones del combate privatizado en la política exterior. “Esta es una infracción grave”, añadió.

Goudreau rechazó comentar al respecto el martes. El Departamento de Estado dijo que la ley le impide confirmar autorizaciones de actividades.

El funcionario policial señaló que la posible participación de Goudreau en el tráfico de armas surge de una incautación realizada el 23 de marzo por la Policía en Colombia de un arsenal que era transportado en un camión.

Alcalá reclamó la propiedad del cargamento poco antes de entregarse para enfrentar cargos relacionados con narcótico en Estados Unidos como parte del mismo caso por el que Maduro fue acusado.

El alijo de armas, valuado en aproximadamente 150.000 dólares, incluía mirillas telescópicas, gafas de visión nocturna, equipos de radiocomunicación de dos vías y 26 fusiles de asalto de fabricación estadounidense a los que les habían borrado los números de serie. Quince cascos color marrón incautados por la Policía fueron manufacturados por High-End Defense Solutions, una compañía de Miami que vende equipo militar y que es propiedad de una familia inmigrante venezolana, según la Policía colombiana.

High-End Defense Solutions es la misma empresa que Goudreau visitó en noviembre y diciembre, presuntamente para obtener armas, según dos exsoldados venezolanos que dicen haber ayudado al estadounidense a elegir el equipo, pero que posteriormente se enemistaron amargamente con él tras ser acusados de que eran espías de Maduro.

*Con información de la AP y Europa Press.

Fuente: Semana

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Murió Carlos Pinzón, el fundador de la Teletón en Colombia

A los 92 años falleció el presentador de la Teletón en Colombia, aún se desconoce la causa de su deceso.

El mundo del entretenimiento está de luto. En las últimas horas falleció una de las figuras más legendarias de la radio y la televisión en el país: Carlos Pinzón Moncaleano. Aún se desconocen las causas de su deceso. 

Pinzón, quien desde muy pequeño encontró su vocación por la radio y por ayudar al prójimo, será recordado por su programa “El club de la televisión”, que se emitía de lunes a viernes, y consistía en buscar ayudas para los más necesitados. 



Pinzón Moncaleano nació en Choachí, Cundinamarca, el 24 de octubre de 1927. En 1980, con la esperanza de buscar más recursos y ayudas para las personas de escasos recursos en el país, promovió la Teletón, un formato anual de 27 horas para recaudar fondos para el funcionamiento y mantenimiento de sus centros de rehabilitación para personas con discapacidad, ubicados en Barranquilla, Cartagena de Indias, Manizales y Soacha.

Con los recursos conseguidos en las primeras jornadas se construyó una clínica en la población de Chía.
En diálogo con La W, Leopoldo Pinzón, hermano de Carlos Pinzón, aseguró que “su hermano “nació con esa solidaridad, ya la tenía mucho antes de ser un personaje importante”. 

Además, aseguró que hace unos años su salud se había venido deteriorando, debido a su longevidad.

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